TRINIDAD Y TOBAGO Y SUS IMPLICACIONES CON EL CHAVI$MO.
La organización estima que al menos 30.000 venezolanos han buscado llegar a Trinidad y Tobago y calcula que serían 36.000 a finales de año
La organización Human Right Watch (HRW) emitió un comunicado el miércoles 3 de febrero en el que exhorta a las autoridades de Trinidad y Tobago detener las deportaciones de migrantes venezolanos y afirmó que la situación que vive la nación caribeña respecto a la covid-19 no es excusa para que lleven a cabo estas acciones «que violan el derecho internacional”.
A juicio de HRW, tanto las deportaciones como el trato que se le dispensa a los venezolanos que huyeron hasta Trinidad y Tobago, en especial a los menores de edad, son, además de violaciones a los DDHH, «un lamentable reflejo de su lealtad al régimen de Nicolás Maduro”.
De igual forma, estima que al menos 24.000 venezolanos han recorrido los 40 kilómetros que los separa de Trinidad y Tobago para buscar una mejor calidad de vida y alerta que a finales de 2021 la cifra de migrantes pueda aumentar a 30.000.
«El gobierno de Trinidad y Tobago sigue arrodillándose ante el mismo régimen cuya mala gestión económica y abusos han impulsado el éxodo masivo de más de 5,5 millones de personas», escribe el comunicado reseñado por VOA.
La organización cita la postura del primer ministro Keith Rowley, quien dijo a mediados de diciembre de 2020 que no votaría ninguna resolución de la OEA hasta tanto Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, no saliera de la mesa negociadora y en su lugar pusieran a un representante de la administración de Maduro.
HRW se pronuncia luego que un juez del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago ordenara el martes 2 de febrero la liberación provisional de una joven venezolana de 17 años y su bebé de cinco meses, quienes estaban en el centro de detención para migrantes establecido en el helipuerto de Chaguaramas,
La joven y su bebé son parte de un grupo de 27 venezolanos, entre ellos 16 niños, que la Guardia Costera llevó fuera de las aguas territoriales de la nación caribeña alegando no tener conocimiento de la decisión que ordenaba detener la deportación el 22 de noviembre de 2020. Dos días más tarde, el grupo regresó y fueron nuevamente retenidos y pasados al helipuerto de Chaguaramas.
Esta situación en Trinidad y Tobago revive la tragedia del naufragio suscitado cerca de las costas de Güiria, estado Sucre, en el que murieron más de 30 personas que al parecer intentaban llegar a las costas trinitarias, un evento condenado por la comunidad internacional y por la OEA, posición que Puerto España rechazó al decir que hay «continua desinformación», una «narrativa falsa» e «inexacta» sobre como ocurrieron los hechos.
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